Artículo escrito por Agustín Domingo Moratalla para Las Provincias.

Mientras el gobierno autonómico tiene revueltas las aguas educativas, el gobierno nacional quieren tranquilizar las aulas con diálogo parlamentario. Aún no sabemos cómo terminará esta historia del pacto educativo para el que se habían conjurado las fuerzas parlamentarias más representativas porque el grupo de Unidos-Podemos se ha descolgado de la subcomisión creada esta semana. El pacto que ellos quieren no es un pacto ‘parlamentario’ sino un pacto ‘social’, es decir, que el futuro consenso educativo dependa de lo que ellos entienden por ‘sociedad’.
Esta consideración parece lógica dentro de un partido que se atribuye la definición monopolística de lo que es la gente, el pueblo y la moralidad, como si el ciudadano normal y corriente necesitara líderes paternalistas o benefactores que velen por ellos. Esta auto-representación monopolística de la ciudadanía es propia de regímenes autoritarios y, sobre todo, regímenes despóticos que dicen hacer «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Al mantenerse fuera de la subcomisión parlamentaria encargada de revisar, modificar o cambiar la LOMCE, el grupo de Unidos-Podemos está mostrando que en educación y cultura no están dispuestos a ningún tipo de acuerdo, transacción, concesión o negociación. En educación y cultura no aceptan la pluralidad de mentalidades, cosmovisiones y tradiciones. Lo que lleva, necesariamente, a entender la política social, educativa y cultural como una política paternalista y antipluralista, haciendo administrativamente todo lo posible para imponer un determinado modelo, homogeneizar los imaginarios y restringir la pluralidad.
Junto a este grupo que se ha desmarcado del pacto, ERC, PNV y la antigua CiU han preferido abstenerse con el tramposo argumento de que no quieren ningún pacto ‘nacional’. En realidad, todos sabemos que para ellos las palabras sólo tienen el significado que ellos mismos les quieren dar y que, por lo tanto, no quieren ningún pacto ‘nacional’ en Madrid y sí lo reivindican para sus respectivas ‘nacionalidades’ o ‘comunidades autónomas’.
Aunque no podemos esperar mucho de la subcomisión parlamentaria, el diputado Manuel Cruz, que se estrena en las listas de los socialistas catalanes y también en las comisiones, ha realizado una afirmación interesante: «debemos recuperar el sentido constitucional del derecho a la educación». A pesar de que en sus declaraciones introdujo la letanía habitual de la izquierda cuando nombran becas, reválidas y segregación, esta alusión debe destacarse cuando se acerca el 6 de diciembre para celebrar el Día de la Constitución. Como señalaron los firmantes del pacto, ha llegado el momento de pensar en las futuras generaciones y no en la próxima legislatura. En todo caso, con esto de los pactos siempre es bueno escribir cartas a los Reyes Magos y tener a mano algún cuento de Navidad.

http://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/201612/04/pacto-educativo-20161204000358-v.html